Fiscal imputa a dueño de surtidor por contaminar pozos y pide su clausura

SE CONSTATARON GRAVES DELITOS AMBIENTALES

El empresario Elso Ramón Zárate Galeano fue imputado por el fiscal Orlando David Quintana, de la unidad especializada en hechos punibles contra el medio ambiente por graves delitos ambientales y está expuesto a una severa sanción. El mismo es propietario de una estación de servicios del emblema Shell ubicado sobre la avenida San José, denunciado por la filtración de tanques de combustible que contaminaron pozos de agua. El ahora procesado siempre se buró del representante de la sociedad y jamás acudió al Ministerio Público para declarar, y mucho menos buscar una solución al problema, siempre actuó con prepotencia, según se supo.

Zárate Galeano, es el presidente de la firma Grupo Zagal S.A. que explota el surtidor Shell. El caso está relacionado con la contaminación de pozos de agua en el barrio San Isidro de Ciudad del Este, atribuida a pérdidas de hidrocarburos en tanques subterráneos de la estación de servicios en cuestión.

Según la investigación, el hecho se habría producido en febrero de este año, en el local ubicado sobre la avenida San José de la capital del Alto Paraná, donde se constató la presencia de combustible en dos pozos de uso domiciliario, pertenecientes a vecinos que residen frente y a escasos metros del establecimiento. El análisis indica que ambos pozos se abastecen de la misma agua subterránea, lo que refuerza la presunción de contaminación ambiental por pérdidas en tanques o cañerías del surtidor.
Durante la verificación, la Fiscalía también identificó irregularidades en el plan de gestión ambiental presentado por la firma ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES). El proyecto mencionaba la existencia de solo dos tanques subterráneos de 20.000 litros cada uno.
Sin embargo, en el sitio se encontraron cuatro tanques de 10.000 litros y uno de 20.000 litros en funcionamiento, así como otros cinco tanques en desuso que no fueron retirados por los responsables del lugar. Además, no se implementaron pozos de monitoreo ni se realizó el mantenimiento de las canaletas destinadas a la contención de derrames, conforme a lo previsto en las medidas de mitigación, según refiere el acta de imputación.
Ante estos hechos, el fiscal Orlando Quintana decidió imputar al responsable de la empresa por la presunta transgresión a la Ley 716/96 y por el ensuciamiento y alteración de las aguas. Asimismo, el Ministerio Público solicitó al Juzgado la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva. Para tal efecto, el imputado deberá presentar una caución real o personal por G. 300.000.000, además de presentarse periódicamente ante el Juzgado para el registro de firma, y cumplir con la prohibición de salida del país y de cometer nuevos hechos punibles.
Como medida cautelar de carácter real, la Fiscalía requirió además la clausura de la estación de servicios y la prohibición de innovar en el establecimiento, hasta tanto se apruebe un plan de contingencia ambiental y se verifique el control efectivo de posibles pérdidas de hidrocarburos, a fin de evitar un mayor daño a los recursos naturales de la zona.
DEJÓ DE OPERAR
Llamativamente, desde la semana pasada la estación de servicios dejó de operar. El dueño de la firma siempre actuó con prepotencia según las denuncias, es más, el representante de la sociedad lo citó en varas ocasiones, pero el mismo no acudió ni una sola vez la Fiscalía. También se manejan informaciones que funcionarios corruptos del MADES lo estaban asesorando, pues el propio fiscal había confirmado durante una intervención en el sitio que contaban con más tanques de lo que indicaba su licencia ambiental. Fuente. La jornada