Denuncian presunta red de persecución y recaudación ilegal en Presidente Franco

Una serie de denuncias salpican a la Unidad Fiscal N.º 3 de la ciudad de Presidente Franco, donde asistentes fiscales serían señalados como presuntos responsables de un esquema de persecución selectiva y recaudación irregular, con la supuesta complicidad de efectivos de la Comisaría 12.
De acuerdo con datos recabados por este medio, los asistentes fiscales Cristhian Morínigo y Aida Sánchez, quienes se encuentran bajo la dirección del fiscal Alberto Torres, estarían involucrados en procedimientos irregulares realizados principalmente durante la noche y la madrugada.

Según fuentes, ambos funcionarios habrían adquirido un equipo de alcotest de procedencia irregular, el cual sería utilizado en controles nocturnos no oficiales. En estos operativos, cualquier conductor que arrojara resultado positivo sería obligado a pagar sumas de dinero elevadas para evitar consecuencias legales inmediatas.
Las denuncias señalan que los montos exigidos oscilarían entre 2 y 10 millones de guaraníes, y que en varios casos los involucrados habrían sido citados a la Fiscalía al día siguiente para “regularizar” su situación, incluso sin la presencia de abogados defensores.

Asimismo, se reporta el uso indebido de vehículos oficiales del Ministerio Público para realizar persecuciones a presuntos paseros o transportistas de mercaderías de contrabando, sin acompañamiento policial, lo cual contravendría los protocolos vigentes.

Uno de los episodios más graves habría ocurrido cuando un furgón, supuestamente cargado con mercaderías, fue perseguido por un móvil fiscal. En ese procedimiento, el asistente fiscal Morínigo habría actuado como si fuera fiscal de turno, ordenando el traslado del vehículo hasta la sede de la Fiscalía de Presidente Franco. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona, donde se observa claramente que el móvil fiscal participa de la persecución sin apoyo policial.

Fuentes coinciden en señalar que este tipo de actuaciones serían recurrentes dentro de la Unidad 3, y que los asistentes Morínigo y Sánchez actuarían con fines extorsivos, presuntamente con conocimiento o autorización del fiscal a cargo, bajo la condición de entregar una suma fija que alcanzaría los 10 millones de guaraníes “libres”.

Finalmente, en la madrugada de ayer, durante uno de estos controles, se registró la presencia de comunicadores en la zona, lo que habría provocado que los intervinientes abandonaran abruptamente el lugar y suspendieran el procedimiento.
Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial del Ministerio Público sobre estas graves denuncias.